La ley de segunda oportunidad, ¿puede aplicarse a mi caso?

partnership-526413_960_720Mucho se ha hablado de la Ley de Segunda Oportunidad, desde que vio la luz, en julio de 2015. Basándose en una recuperación económica del pais, que cada vez empieza a ser más realidad que sueño, con esta ley se trata de apoyar a los autónomos y pymes española aportando recursos con los que salir de la crisis e incorporarse de nuevo con más fuerza en el mercado profesional.

Como puede verse en la exposición de motivos del referido cuerpo legal, “el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por esta Ley establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación“.

Estas medidas, deben verse en el marco de todas las políticas legislativas llevadas a cabo en los últimos años para disminuir la carga fiscal y de Seguridad Social que aportaban a los empresarios la posibilidad de beneficiarse de ciertas reducciones y bonificaciones, fomentando a su vez la contratación indefinida.

Pero volviendo al eje principal de este post, con la Ley de Segunda Oportunidad, se ha tratado de beneficiar a autónomos, personas físicas, particulares y consumidores en general, para igualarlos en ciertos casos a las personas jurídicas, en cuanto a la posibilidad de disminuir el nivel de endeudamiento. “De esta manera, cuando un empresario o un autónomo tengan una deuda y haya actuado en todo momento de buena fe y se encuentre abocado a una situación de insolvencia provocada por motivos ajenos a él, tendrá la posibilidad de beneficiarse de esta normativa y comenzar de cero“.

Para poder acogerse a esta posibilidad, deberá reunirse una serie de requisitos:

  1. No haya sido declarado culpable en el concurso de acreedores
  2. No haber sido condenado en sentencia en firme por delitos contra la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Derecho y Libertad de los empleados durante la última década
  3. Haber intentado o conseguido un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores
  4. No rechazar durante los últimos cuatro años una oferta de trabajo acorde a su capacidad
  5. Aceptar inscribir el beneficio en un Registro Público Concursal.

Igualmente necesario será ponerse en manos de un procurador y un abogado, que presentarán ante el Juez que se haya ocupado del concurso de acreedores la solicitud, siempre y cuando con anterioridad se haya tratado de llegar a un acuerdo extrajudicial para solventar el endeudamiento con los acreedores afectados. Adicionalmente, y no menos importante, es presentar un plan de pago de hasta 60 meses.

Sólo en el caso de que el deudor carezca de los recursos suficientes para afrontar toda la deuda, y que se le conceda el beneficio reconocido en esta ley de manera definitiva, quedará exento de deudas.

Como habrás comprobado, aunque a priori parezca sencillo determinar si tu situación es susceptible de ser solventada mediante esta técnica, no dejes de consultar con tu asesor para determinar la viabilidad de este beneficio en tu caso concreto.

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